SALVEMOS LA HOSPITALIDAD

MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL ART. 53 C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, señal de su identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH). Ante esta situación, exponemos:

1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.

2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).

3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.

4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.

Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.

PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”:

Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid. José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca. María Dolores Rodríguez Pelaez. Ciudadana. Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba. Ramón Saez Valcárcel. Magistrado. Madrid . Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid. Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid. Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante. Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid. Guillermo Toledo. Actor. Félix Pantoja García. Fiscal. Luis Guitarra. Cantautor. Madrid. Siro López. Artista. Madrid. Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid. Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid.

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Nombre: Apellidos:

DNI/NIE:

Profesión:

Colectivo/Asociación, si procede:

Enviar firmas o correos electrónicos de adhesión a una de las dos direcciones:

Julián C. Ríos Martín
jrios@der.upcomillas.es
Universidad Comillas
C/Alberto Aguilera nº 23.
Madrid 28015

Manuel Gallego Díaz
mgallego@der.upcomillas.es
Universidad Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23
Madrid 28015

Manifestación contra los Centros de Internamiento para Extranjeros

Manifestación en contra de los CIEs en Madrid- sabado 12 abril, 18:00 h. Metro: Aluche

¡CERREMOS NUESTROS GUANTÁNAMOS!

¡NO A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS!

¡NINGUNA PERSONA ES ILEGAL!

En el estado español existen guantánamos. Les llaman Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Igual que Guantánamo son lugares cerrados, oscuros, invisibles, limbos jurídicos donde no se sabe lo que pasa.

Las personas allí detenidas, hasta su expulsión, lo están por su situación irregular, concepto previamente creado por los gobiernos. Su delito es no tener papeles, una falta administrativa, equivalente al impago de una multa de tráfico. Lo terrible de estos centros es, precisamente, que son cárceles sin delincuentes. Poco ó nada importa la conducta de los allí encerrados, castigándose sistemáticamente con instrumentos procedentes del Derecho Penal a personas que han estado contribuyendo con su esfuerzo a la creación de riqueza, por faltas tales como no haber renovado en plazo su autorización de trabajo y residencia. Son las únicas instituciones de los Estados Europeos creadas exclusivamente para personas extranjeras. Desde hace años en los CIEs se producen sistemáticas violaciones de los derechos humanos, silenciadas por lo medios de comunicación masivos, instituciones y partidos, e ignoradas por la población. Solo a través de los testimonios de las personas detenidas en los CIEs se ha dado a conocer en parte la realidad que se vive en estos centros: palizas, humillaciones psicológicas, falta de atención médica, abortos provocados por las malas condiciones, insalubridad, hacinamiento, y carencia de tutela judicial efectiva. En un reciente informe del Parlamento Europeo los CIEs españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea.

El pasado 27 de noviembre treinta internas del CIE de Madrid (que se encuentra ubicado significativamente en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel) escribieron una carta para denunciar su situación:“En los calabozos del centro en altas horas de la madrugada hemos escuchado como maltratan a los internos y no contentos con el maltrato no les dan de comer durante el tiempo que están allí. También nos tienen amenazados de que si denunciamos, podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsados”, escribían.

Análogas violaciones, sino peores, han sido denunciadas en el pasado – y siguen produciéndose – en los CIEs de Canarias, Barcelona, Valencia y Algeciras. En Málaga incluso se descubrió una red de esclavitud sexual, cuyos verdugos eran los policías del centro. Nunca llegaron a ser condenados porque víctimas y testigos fueron expulsadas antes de que pudieran declarar ante el juez. Una situación simlar tuvo lugar en el mes de febrero en el CIE de Carabanchel, donde un joven boliviano fue expulsado al día siguiente de que su familia interpusiera una denuncia por tortura, sin que se hubiera podido llevar a cabo un informe médico forense ajeno al CIE y antes de que pudiera declarar ante el juez.

Los CIEs no tienen un régimen interno desarrollado legalmente ni cuentan con protección judicial alguna, más allá del Auto que dicta el internamiento. La monitorización de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía, hecho insólito teniendo en cuenta la naturaleza de la falta administrativa, lo que da lugar a graves situaciones de desamparo y arbitrariedad. Sólo la policía y los internos pueden acceder a su interior, impidiendo la entrada de colectivos que puedan defender los derechos de las personas allí detenidas. El régimen de visitas es muy estricto, sólo 5 minutos bajo la presencia física de un policía, violando la más mínima intimidad del interno y su familia.

Esta actitud responde a la criminalización de la migración por parte de las instituciones políticas europeas, enmarcada dentro de una estrategia de normalización de los procedimientos de encierro como técnica de gestión de esos movimientos de población. Se castigan los flujos de personas, para regularlos como variable de ajuste del mercado de trabajo y del nivel de demanda de mano de obra, instrumentalizando y cosificando a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que venera la libre circulación del capital y las mercancías y reprime la de las personas.

Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una Directiva Europea que pretende prolongar la detención en los Centros de Internamiento hasta los 18 meses (Directiva de la Vergüenza). En la UE proliferan los centros de internamiento y su “política de vecindad” se orienta a fomentar la instalación de estos centros en los países terceros limítrofes, lo que dificultaría aún más garantizar los derechos humanos fundamentales. Los Estados miembros están construyendo un sistema global de encierro que demuestra la hipocresía de los cada vez más tímidos discursos sobre la ciudadanía europea, al tiempo que reverdece la terrible memoria de los campos de concentración nazis.

La existencia de los centros de internamiento pone de manifiesto la brutalidad y violencia estructural del sistema de fronteras y sus leyes de extranjería, leyes de esclavitud moderna encubiertas al servicio del mercado.

Los colectivos abajo firmantes exigimos:

Cierre inmediato del CIE de Carabanchel.

Asunción de responsabilidades por parte de Políticos e Instituciones de las sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Paralización en la UE de la Directiva de la Vergüenza.

CERREMOS NUESTROS GUANTANAMOS

NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA

ACSUR – Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Grupo de apoyo a Amdh, Madrid) – Asociación de Vecinos de Aluche – Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto – ATTAC – Casa Argentina de Madrid – Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos – Centro Uruguayo de Madrid – CGT – Colectivo de Colombianos Refugiados en España – Ecologistas en Acción – Espacio Alternativo – Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados – Federación Centro de las Culturas – La Biblio – Mugak – Oficinas de Derechos Sociales de Carabanchel Alto – ODS- Patio Maravillas y Centro Social Seco – Plataforma de Jóvenes Karabanchel Alto – Radio Almenara – Radio ValleKas – Red Ferrocarril Clandestino – SOS Racismo Madrid – Vía Democrática (Annahj Addimocrati).